SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES EN CÓRDOBA

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Plan de Rescate a la Ciudadanía

 Descargar el Plan de Rescate a la Ciudadanía en este enlace

Procedimiento de participación    

Para fomentar la participación en este PLAN DE RESCATE A LA CIUDADANÍA, se utilizarán los cauces establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana vigente.   Por lo tanto, será a través de  los Consejos de Distrito como se articulará la participación Ciudadana.

Para participar con sus propuestas, puede usted utilizar cualquiera de estas dos vías:

  1. Descargar el formulario de propuestas (PDF) y hacerlo llegar a su Consejo de Distrito.
  2. Cumplimentar el formulario web que le ofrecemos, y nosotros haremos llegar su propuesta al Consejo de Distrito correspondiente. Ir al formulario WEB

1. Introducción

En el acuerdo de Gobierno firmado por Ganemos, PSOE e IU se establece que es necesario que el Ayuntamiento de Córdoba lidere el rescate de los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo lo peor de la crisis, poniendo todos los medios y recursos municipales para luchar contra los desahucios de personas sin alternativa habitacional.

Además se detallan los siguientes apartados:

  • Garantizar los suministros básicos de agua y electricidad, mediando con las compañías energéticas para evitar cortes de energía. Impulsar y desarrollar fórmulas de cooperativas de consumo.
  • Garantizar la alimentación de las personas sin recursos y apoyar convencidamente, a todas las personas que se encuentran en riesgos de exclusión social.
  • Se declarará Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios.
  • Se creará una bolsa de alquiler social negociando con la entidades financieras para que se incluyan las vivienda vacías de su propiedad.
  • Se impulsará convenios con autoridades judiciales para evitar que se practiquen desahucios sin alternativa habitacional sin previa comunicación a los servicios sociales municipales así como con la Comisión Hipotecaria del Colegio de Abogados para proteger a las familias.

Además, en el dodecálogo firmado con la Federación de asociaciones vecinales Al-Zahara se detallan aspectos que tienen que ver con este rescate:

  • Implementar recursos sociales destinados a evitar la exclusión.
  • Puesta en marcha de un programa de Emergencia Social.
  • Actuar contra los desahucios y la pobreza energética y la falta de suministros básicos.
  • Impulsar la Ley de Dependencia.
  • Planes de acción integral para las barriadas más fuertemente afectadas por la exclusión.
  • Fomentar la instalación de Huertos Urbanos.

2. Rescate a las ciudadanas y ciudadanos de Córdoba

El rescate de las ciudadanas y ciudadanos de Córdoba se va enfocar a corto y medio/largo plazo.

En el rescate a corto plazo implantaremos medidas que impacten en las principales situaciones de emergencia social: acceso a los servicios municipales, agua, pobreza energética y vivienda.

El rescate a medio/largo plazo contemplará los siguientes aspectos:

  • Mejora de la situación de los servicios sociales para ser más eficaces en su gestión y abordaje de los apartados del primer punto.
  • Cambio de metodología de trabajo en la zonas de trabajo social: hasta ahora se primaba la atención individualizada y la ayuda personal. Tenemos que tender a mecanismos de prevención inespecífica, trabajar creando redes y cambiar la caridad por la dignificación de la persona.
  • Diagnóstico participado con la vecindad de cada zona y creación de proyectos integrales de actuación.

Para que este rescate sea posible es necesario que se haga en colaboración de los agentes sociales e incrementar los recursos humanos, logísticos y económicos destinados al área de Servicios Sociales.

3. Rescate a corto plazo

3.1. Acceso a los servicios municipales

La puerta de acceso a los servicios municipales es el padrón. En el mandato anterior muchos ciudadanos y ciudadanas no tenían la posibilidad de empadronarse al no disponer de un contrato de arrendamiento o título de propiedad del lugar donde vivían, por lo que no tenían acceso a los servicios disponibles para cualquier ciudadano/a de Córdoba. Sin embargo, este impedimento a empadronarse por no tener los requisitos mencionados anteriormente es contrario a la resolución del 16/3/2015, publicada en el BOE 71 de 24/3/2015.

Teniendo en cuenta la resolución anterior, desde hace pocas semanas, se está empadronando ya a personas que no tengan los requisitos de disponer de un contrato de arrendamiento o título de propiedad. No obstante, todavía es necesario generar unas instrucciones para los funcionarios municipales, centros cívicos y zonas de trabajo social y darle la publicidad oportuna para que cualquier ciudadano o ciudadana conozca que puede ejercer ese derecho.

3.2. Agua

Hay muchas familias cordobesas que a día de hoy no tienen acceso al agua, a pesar de ser considerado, desde el año 2010, por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, junto al saneamiento, como derecho humano. También es así reconocido por el Pacto Social por el Agua Pública que los partidos firmantes del acuerdo de Gobierno firmaron.

Las familias que no tienen acceso al agua es por diversos factores:

  • Por no poder afrontar el pago del recibo del agua al no tener disponibilidad económica.
  • Por vivir en un inmueble del que no se dispone título de propiedad o contrato de arrendamiento.
  • Por no vivir en un inmueble (ejemplo: campamentos de la comunidad romá).

La solución para el primer caso sería establecer un mínimo vital de agua de 3 metros cúbicos por persona y mes a quienes se encuentren en situación de exclusión social o insolvencia económica, sin coste alguno para el usuario, siempre que esa situación personal o familiar esté debidamente justificada por los servicios sociales. A partir de esta cantidad habría que pagar el consumo aunque, según el tipo el tipo de familia, se podría considerar bonificarlo total o parcialmente.

A nivel técnico esta aplicación no sería un problema si en la(s) vivienda(s) existe un contador individual o diferenciado. Si hay un contador comunitario habría que estudiar (o estimar) en cada caso qué porcentaje del recibo de la comunidad corresponde al pago del consumo de agua respetando la confidencialidad de la familia a la que se le va a hacer la bonificación. Actualmente Servicios Sociales se encuentra trabajando en una propuesta para ello.

Durante el mandato anterior, el segundo caso no se ha afrontado por entender el Ayuntamiento que se incumplía el reglamento de EMACSA en su artículo 53 (sacado del decreto de la Junta de Andalucía) que dice que hay que pedir (entre otros) al solicitante:

  • Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro.
  • Aquella otra documentación que se requiera en cada Municipio por el Ayuntamiento respectivo.

Desde que estas familias pueden acceder al padrón municipal ya no hay razón para no poder contratar con Emacsa el acceso al agua, ya que el padrón municipal es un documento que "acredita el derecho de disponibilidad sobre el inmueble", por lo que se puede poner el contador y hacer el contrato. De hecho en la Guía del Concejal editada en 2011 por la Junta de Andalucía pone textualmente en su página 19: La condición de vecindad se adquiere por la inscripción en el Padrón Municipal, que tiene la naturaleza de registro administrativo. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

Actualmente, Servicios Sociales ya ha elaborado un informe jurídico que argumenta cómo el padrón puede ser usado como documento acreditativo del derecho de disponibilidad de la vivienda para poder contratar el suministro de agua.

Habrá casos en los que lo anterior no sea posible por incumplir otras normas (por ejemplo un edificio reocupado sin licencia de fin de obra). En situaciones como ésta se puede entender que estamos ante una obra de emergencia social y poner un contador provisional justificando que se trata de una situación excepcional y que no consolida derechos.

3.3. Pobreza energética

La pobreza energética es causa de graves deterioros para la salud en invierno y verano, incluso causa de muerte. La OMS estima que se producen cada año el 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas (7.000 muertes prematuras al año en nuestro país).

Actuar contra la pobreza energética es más complejo debido a que las entidades que dan los suministros energéticos, Endesa en nuestro caso, son empresas privadas que buscan una rentabilidad económica y no social.

Algunas claves podrían ser:

  • Establecimiento de un precio social en los suministros básicos de los hogares con poder adquisitivo reducido y en familias en riesgos de exclusión social.
  • Establecimiento de cláusulas sociales al contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Endesa para que lo anterior pueda ser aplicable.
  • Compromiso de Endesa de enviar información a los servicios sociales de aquellas familias que no se encuentren al día en el pago de sus recibos.
  • Pedir a la Fundación Endesa que contribuya a un fondo económico contra la pobreza energética destinado a aquellas familias con incapacidad económica para pagar los recibos del suministro eléctrico.
  • Cambiar el convenio actual entre Ayuntamiento y Endesa. Este convenio únicamente compromete a Endesa a no cortar la luz a una familia si desde el Ayuntamiento se le comunica que se está tramitando una ayuda de emergencia para esta familia.
  • El nuevo convenio debería, como mínimo, suponer una tranquilidad para la familia que no puede pagar el suministro eléctrico de al menos seis meses. Podía incluir el pago de dos recibos y un fraccionamiento a seis meses del tercero.

Además deberíamos adoptar las siguientes actuaciones:

  • Crear una alianza contra la pobreza energética en la ciudad de Córdoba que pueda sumarse a una provincial. Esta alianza estaría compuesta por administración y agentes sociales en la forma jurídica más beneficiosa para esta causa.
  • Estudio de cuántas familias de Córdoba tienen problemas de suministro eléctrico (o gas) y qué haría falta para que salieran de la pobreza energética.
  • Educar a las familias, especialmente a las que tienen problemas de impago, para que reduzcan su nivel de consumo.
  • Estudiar qué cambios podrían hacerse en los contratos de suministros suscritos por el Ayuntamiento que cumplan la legalidad y normativas existentes para incluir cláusulas sociales en los mismos.
  • Estudiar un aumento de los impuestos municipales a las eléctricas por el cableado existente en las calles o la aplicación de nuevas tasas.
  • Aumentar la partida presupuestaria para este tipo de ayudas.
  • Estudio de la creación de un operador energético municipal.
  • Puesta en marcha de un programa de auditoría energética de viviendas en riesgo de exclusión con cortes de suministro o posibilidades de sufrirlo y de ayudas para la mejora de su eficiencia energética (cambios de luminarias, aislamientos, etc...).

3.4. Vivienda

La virulencia de esta crisis habitacional ha sido especialmente aguda en nuestro país debido (entre otros factores) al escaso parque de vivienda social existente, uno de los más bajos de Europa, lo que ha venido a agudizar el problema, al cerrar posibles vías de solución para las familias de más bajos ingresos. Según Amnistía Internacional, en España sólo el 1,1% del parque residencial es vivienda social, el más bajo porcentaje en Europa después de Grecia, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido.

La combinación de estos factores se ha traducido en un crecimiento de las zonas de exclusión social, en las que a las familias secularmente pobres se han venido a sumar otras muchas provenientes de la clase media.

Por supuesto, en Andalucía y, más concretamente, en Córdoba, la repercusión ha sido particularmente aguda, como corresponde a una de las zonas del país con indicadores socioeconómicos más precarios.

APDHA, en su Informe sobre la situación de la vivienda social en Córdoba, de 2012, informa que las ejecuciones hipotecarias más las sentencias de desahucio arrendaticio alcanzaron a un total de 3.617 familias en la provincia de Córdoba en el periodo 2008-2010. Los datos de años posteriores no han mejorado, sino todo lo contrario.

En el mismo informe de APDHA se cita un estudio de 2009 del IESA-CSIC, según el cual la necesidad de vivienda en Córdoba era de 16.151 viviendas, para un total de 39.915 personas, de modo que se puede constatar un déficit importante de viviendas en nuestra ciudad.

Este dato choca frontalmente con la evolución de las viviendas protegidas promovidas en Córdoba en estos últimos años, prácticamente el único tipo de vivienda al que pueden acceder las familias en situaciones de exclusión o vulnerabilidad social. Así, mientras en 2008 se promovieron 594 viviendas protegidas en nuestro municipio y en 2009 la cantidad ascendió a 1.051, a partir de ahí se desploma la vivienda protegida con 146 viviendas en 2010 y ninguna vivienda en 2011.

Cuanto más se agrava la situación de las familias en situación de exclusión, para quienes es asequible no tanto la compra de vivienda como el arrendamiento, de las 1.791 de protección oficial promovidas en Córdoba entre el 2008 y el 2010, sólo 371 eran en régimen de alquiler, correspondiendo el resto a venta. Como dice APDHA, “es evidente que el stock de vivienda de promoción pública es insuficiente y que los grandes perjudicados son siempre los perceptores de rentas más bajas”.

A esto hay que añadir que los visados de vivienda siguieron cayendo en 2012 y 2013 en nuestra ciudad, y sólo en 2014 han experimentado un muy leve repunte. Según los últimos datos obtenidos, de las 108 viviendas visadas en Córdoba en 2013, ninguna era de protección oficial; y de las 164 de 2014, fueron 72 las protegidas.

El poder municipal está en la obligación de combatir con todas las armas a su alcance el drama de los desahucios para ofrecer una respuesta a las víctimas de la crisis y para dignificar la propia actividad política.

Es inaceptable que cuando la banca ha sido rescatada con cantidades millonarias de dinero público, se continúe desahuciando masivamente a ciudadanos y ciudadanas víctimas de una crisis que no han provocado.

Algunas de las medidas que deben abordarse en el plan de rescate relativo a la vivienda serían:

  • Paralización de todos los desahucios en el parque de vivienda dependiente del Ayuntamiento en casos de endeudamiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los hogares con menores y dependientes (“de hecho” se está haciendo).
  • Plan de contingencia para urgencias habitacionales familiares. Es ésta una demanda del defensor del pueblo y un acuerdo de pleno del año 2011 que no se ha llevado a cabo. Algunas medidas a llevar a cabo en este apartado son:
    • A muy corto plazo disponer de 5 a 10 viviendas para ofrecer alternativas familiares a familias que se vean sin ninguna otra alternativa. Estos pisos serían compartidos, serían un recurso temporal (3-6 meses) hasta que se encuentre una alternativa más estable y habría que hacer un tratamiento integral de la situación familiar desde servicios sociales.
    • A corto-medio plazo disponer de una casa de acogida familiar (la actual no sirve para este cometido). Para ello habría que ver cuál de los espacios en desuso de este Ayuntamiento se adapta y acometer una remodelación.
  • Bolsa de viviendas de alquiler de entidades financieras, Vimcorsa y Junta de Andalucía. No hay que descartar más opciones, como por ejemplo la posibilidad de que propietarios individuales puedan ofrecernos su vivienda vacía para que desde el Ayuntamiento o Vimcorsa se gestione su alquiler. Es fundamental para el éxito del rescate ciudadano en materia de vivienda, disponer de alternativas habitacionales a los desalojos.
  • Oficina en Defensa de la Vivienda: servicio público y gratuito de prevención e intermediación encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, a ofrecer soluciones tangibles a las familias afectadas por este problema y a hacer un tratamiento integral del problema de la vivienda en coordinación con otras administraciones y colectivos como 15M StopDesahucios Córdoba. Esta oficina debe partir del principio de la “no neutralidad”, se pone indiscutiblemente del lado de las familias que sufren las consecuencias de esta crisis-estafa frente al sistema financiero, fondos buitre y grandes especuladores.
  • Un plan de vivienda para personas en riesgo de exclusión social y para personas expulsadas del mercado inmobiliario que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada para desarrollar su vida. Algunas medidas concretas dentro de este plan podrían ser:
  • La construcción de pisos (aunque la mejor solución es lograr que no haya viviendas vacías).
  • Estudiar otras alternativas habitacionales baratas y rápidas de poner en marcha siempre que no impliquen la creación de guetos o contribuyan a la exclusión social.
  • La subrogación hipotecaria para la adquisición de viviendas. En Zaragoza, por ejemplo, se proponen conseguir unas 65 viviendas al año, se trata de una opción muy interesante, por cuanto se consigue vivienda social, a la vez que se mantiene el arraigo y se ofrece al inquilino la opción de compra durante 5 años.
  • Estudio de la adaptación de proyectos de autocontrucción de viviendas que han tenido éxito en otros municipios (por ejemplo en Marinaleda).
  • Estudio, junto con la Universidad y el Colegio de Abogados, de vías legales para sancionar las viviendas vacías de las entidades financieras.

3.5. Alimentación

Replantearse la política de bancos de alimentos intentando sustituir las políticas asistenciales que se lleva a cabo a través de los mismos por políticas encaminadas a la dignificación de las personas creando un economato social y estableciendo acuerdos con comercios de las zonas para garantizar el acceso a productos de alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible, a personas en desempleo o riesgo de exclusión social.

Crear un programa de huertos urbanos destinado a personas desempleadas y en riesgo de exclusión social como una vía destinada a garantizar, mediante la autogestión de huertos, una canasta muy básica de productos alimenticios y/o como ayuda para disponer de productos frescos de temporada.

4. Rescate a medio / largo plazo

En este documento hemos detallado sobre todo la parte del rescate “a corto plazo” porque el “medio/largo plazo” debe hacerse y definirse caminando y consensuando con otras y otros, como podremos ir definiendo. Como ya apuntábamos, es necesario crear redes y hacer proyectos integrales, o sea, hacerlo "con" y no "desde", hacerlo horizontalmente y no de arriba a abajo... ayudar al empoderamiento y la autogestión, más que promover la limosna o el asistencialismo. Ésa es la clave que debiera impregnarlo todo. No es fácil, porque no es común hacerlo así desde las instituciones.

El rescate a largo plazo, sin ser revolucionario, puede ser una revolución en el buen sentido del término, una evolución rápida pero necesaria.

El rescate a medio/largo plazo debe cuadrar con el recate a corto plazo, no deben contradecirse y sí generar sinergias respecto al único camino que nos han dejado: cambiar a fondo esto como única garantía para que la gente pueda vivir con dignidad y esperanza.

5. Sobre el área de servicios sociales

Para poder poner en marcha este necesario reto es imprescindible un área de servicios sociales robusta y dotada de recursos humanos y económicos para ejecutar esta labor.

Una de las fortalezas más grandes de la que disponemos en este área es la gran capacidad profesional de su personal, factor que ha sido determinante para que los servicios sociales no terminaran de hundirse, pero este tesón y este sobresfuerzo ha supuesto la quemazón y el cansancio de muchos de ellos, es necesario revitalizar este personal aumentando la plantilla, sobretodo de trabajador@s sociales y educador@s comunitari@s.

Este aumento de personal va a ser imprescindible para poder llevar a cabo las medidas contempladas en este documento, si no es así será muy difícil o imposible determinar por parte del área de servicios sociales la situación de exclusión de las familias, de incapacidad económica o las actuaciones integrales que se pretenden. Además, por esta falta de profesionales, se la da la circunstancia de que la ciudadanía de Córdoba en función de la zona donde resida no tiene acceso al mismo catálogo de servicios sociales por la saturación de su centro de servicios sociales.

Para poder abordar el rescate ciudadano hay que apostar por la complementariedad de la oferta pública social y por la aceptación y el reconocimiento de la diversidad de actores y sus diferentes roles, se hace urgente situar en la senda de las prioridades la construcción del trabajo en red y establecer canales de coordinación con aquellas iniciativas sociales, entidades y organizaciones de ayuda social.

{sllider 6. Otras líneas de trabajo}

En algunas partes de este documento se habla de la necesidad de hacer políticas encaminadas a la dignificación de las personas frente al asistencialismo.

Las mejores políticas que pueden llevar a esto son las que supongan la creación de empleo, quizás lo que más dignifique a cualquiera sea el tener un trabajo digno que le posibilite tener un nivel de vida adecuado para él y su familia.
Lamentablemente desde los municipios es muy difícil abordar esto de forma directa, en muchas ocasiones tenemos que conformarnos con reducidos programas de empleo que palien la situación de emergencia de muchas familias.
Sin embargo la situación de paro que sufren tantísimas familias nos obliga a no ponernos de lado frente a esta problemática y buscar soluciones, tanto desde la exigencia a las administraciones superiores como desde la puesta en marcha de proyectos innovadores, y para lo segundo haría falta crear un Pacto Local por el Empleo que tenga entre sus objetivos la investigación de canteras de empleo y una elaboración compartida por todos los agentes institucionales, económicos y sociales de la ciudad de Córdoba de propuestas concretas para ofrecer solución a la gran cantidad de personas sin empleo que están registradas en la Ciudad de Córdoba, nuestro centro de interés.

Una propuesta a tener en cuenta es la del Trabajo Garantizado que se basa en la idea de que hay trabajo para tod@s pero que el circuito tradicional no convierte todos estos trabajos en empleo, a las personas que no pueden acceder a empleos por las vías normales la administración les “garantizaría” un trabajo. Aunque esta propuesta debería ser llevada a cabo por el Estado se puede estudiar como implantar experiencias de trabajo garantizado a nivel municipal a través de créditos fiscales (ejemplos: ayuntamiento de Wörgl [Austria]; Alicante, Alcoy, Pedreguer, Orihuela, Villena y Denia [durante la Guerra Civil] o gobiernos locales de los Estados Unidos como San Diego, Oakland, San José y Detroit) o a través de la creación de una moneda social (como se plantea en el Ayuntamiento de Barcelona).

No es posible mejorar la vida de las personas en riesgo o en exclusión social sin un compromiso firme y transversal de todas la delegaciones municipales, desde todas ellas es necesario que se hagan propuestas concretas de dicho compromiso en la medida de sus posibilidades para que el rescate de la ciudadanía cordobesa sea una prioridad municipal y no del área de servicios sociales.

Otras líneas de trabajo a estudiar y explotar son las referentes a mercados de trueque, creación de redes de solidaridad intervecinales, etc...